Tal y como se publica esta semana en el periódico Magisterio, la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha anunciado que la Formación Profesional contará el año que viene con una inversión de 7,2 millones de euros, lo que incrementa el presupuesto del curso actual, que asciende a los 6 millones.
“Esto nos va a permitir elaborar un plan muy ambicioso, unido a las actuaciones que estamos llevando a cabo, como la apuesta decidida por la FP Dual”, asegura.
Por encima de la media
En Extremadura, donde la oferta alcanza 115 ciclos formativos distribuidos en 22 familias profesionales, la FP ha alcanzado el 7% de implantación, superando así en cuatro puntos la media nacional. “Esto ha sido posible gracias a la adaptación del modelo, teniendo en cuenta que nuestro tejido industrial está compuesto por pymes y por autónomos, y ha sido clave trabajar con ellos para que esto fuera posible”, señala la titular de Educación.
El departamento que dirige también ha llevado a cabo la implantación del denominado “máster en FP”, que va a permitir a los alumnos encontrar la especialización.
Además, Gutiérrez ha confirmado que seguirán ampliando la formación online en los próximos cursos. Un plan que obedece, en sus palabras, “a una FP que tenga capacidad de adaptación a los cambios y dé respuesta a los retos y, para eso, es necesario trabajar de la mano de las administraciones”. Sin embargo, recuerda que “la clave son los profesionales”, por lo que trabajarán en estrecha colaboración.
Formación de futuro
En esta línea, Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, vaticina que “el 50% de las oportunidades de empleo que va a haber van a requerir una cualificación intermedia, es decir, de FP”. El Ministerio ha respondido a esta prospección en dos fases.
La primera, que se inició en 2018, se centra en la puesta en marcha del primer Plan Estratégico de FP y, en este momento, del Plan de Modernización, que aporta una financiación de más de 1.900 millones de euros y que contempla, entre otras actuaciones, la acreditación de competencias profesionales, la creación de líneas de proyectos de innovación, la creación de aulas de emprendimiento en los centros o la renovación del catálogo formativo hasta alcanzar un total de 60 nuevas titulaciones.
La segunda fase viene encaminada por la nueva Ley de Formación Profesional, que, según Sanz, va a recoger un modelo de formación “más factible, flexible y adaptado a las necesidades del territorio”.
Al igual que la consejera, hace hincapié en una “implicación de la empresa en condiciones de corresponsabilidad, de manera mucho más activa, de tal forma que la formación en centros de trabajo se amplíe y se ajuste a aquello que cada ciclo necesita”.